Hoy en día es muy habitual oír hablar del Banco Malo, es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las Características del mismo.
Una sociedad de gestión de activos tóxicos es una entidad que crea el Gobierno con financiación pública y/o privada, y que se encarga de comprar inmuebles y créditos problemáticos de bancos y cajas.
De esta forma, la entidades financieras se libran de ese problema, mejorando su balance y permitiéndoles focalizarse en su negocio. El «banco malo», por su parte, se da un plazo largo de tiempo —en el caso español, 15 años— para vender esos activos y recuperar el dinero con que los compró.
Si hablamos de las entidades que tendrán que traspasar sus activos tóxicos a la sociedad, podemos decir que el 1 de diciembre lo harán las entidades ya nacionalizadas: Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia. Banco Popular, BMN y la fusión de Ibercaja, Liberbank y Caja 3 presentan ahora, y según el test de Oliver Wyman, un déficit de capital. Si no puedan cubrirlo por sus medios tendrán que recurrir a ayudas públicas y serían las siguientes en trasladar su activos al «banco malo».
Las entidades que reciban ayudas tendrán que traspasar al «banco malo» los inmuebles que se adjudicaron por el impago de deudas y cuyo valor supere los 100.000 euros y los créditos a promotores que tengan en su cartera, tanto los que estén en situación de morosidad como los que estén al corriente de pago, seimpre y cuando superen los 250.000 euros. Economía estudia incluir incluso otro tipo de activos, como créditos a empresas no inmobiliarias.
El «banco malo» comprará esos activos tóxicos a su precio actual en libros, que incluyen ya un descuento por las provisiones realizadas por las entidades, del 80% en el caso del suelo, del 65% en promociones en curso y del 35% en vivienda terminada. Además, y según lo avanzado ayer por el ministro de Economía, podrían tener que incluir un descuento extra.
Emitirá capital y deuda subordinada que suscribirán los inversores privados —los principales bancos del país, aseguradoras y otros inversores institucionales— y el FROB para financiar el 10% de los activos. El 90% restante lo sufragará pagando con deuda senior avalada por el Estado a las entidades por sus activos. Esto no computaría como deuda pública al estar más del 51% del capital en manos privadas.
En el caso de los costos para el contribuyente, dependerá del precio al que compre los activos. Si lo hace a un precio muy elevado, los inversores no verán rentable su participación y el «banco malo» no podrá deshacerse de esos activos. Si la valoración es muy baja, las entidades podrían incurrir en más perdidas que tendrían que ser cubiertas con las ayudas europeas. El Estado podría ganar dinero si al cabo de los 15 años de vida de la sociedad, los activos, fruto de la recuperación económica, se revalorizan y se pueden vender a un precio superior.
Los bancos sanos del país serán los principales inversores de la sociedad de gestión de activos al que bancos y cajas con ayudas públicas deberán traspasar sus activos tóxicos ligados al ladrillo.
